Noticias Jurídicas comenta una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias referida a un alumno afectado de dislexia y con un CI de 116, sobre el que afirma que se encuentra en una posición de desigualdad que le hace acreedor de una respuesta administrativa adecuada a sus necesidades. Esa respuesta debe ser, por una parte, la de asignar medios (personal cualificado, instalaciones de inclusión adecuadas y una programación que acredite qué necesidades educativas específicas precisan esos alumnos) y, por otra, explicar si así lo valora por qué los apoyos que precisa el alumno no pueden ser prestados con medidas de atención a la diversidad de los centros ordinarios.